¿Reforma Judicial o Riesgo Democrático? Una mirada crítica tras las elecciones del Poder Judicial en México

Por Mtro. Fidel Antonio Pérez García.

El 1 de junio de 2025, México vivió una jornada electoral inédita: la primera elección popular para renovar 881 cargos del Poder Judicial Federal, incluyendo ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces. Esta reforma, concebida como un esfuerzo por democratizar el sistema judicial, ha generado tanto expectativas como preocupaciones. A la luz de los resultados y del contexto en que se desarrolló el proceso, es necesario replantear sus implicaciones reales para el Estado de Derecho.

La participación ciudadana fue sorprendentemente baja: apenas alrededor del 13% del padrón electoral emitió su voto. Este dato revela un desinterés o desconfianza generalizada hacia el nuevo modelo, lo que debilita la legitimidad democrática que se pretendía alcanzar. A pesar de que las campañas fueron acotadas por ley, diversos actores políticos intervinieron de manera indirecta, y se detectaron recursos financieros disimulados que favorecieron a ciertos perfiles. Esto contradice el principio de neutralidad judicial y abre la puerta a una preocupante politización del sistema.

Los resultados preliminares muestran que figuras como Lenia Batres y Hugo Aguilar encabezaron las votaciones para la Suprema Corte. Aunque ambos cuentan con trayectoria jurídica, su cercanía con proyectos políticos específicos ha sido objeto de debate. La participación de partidos, aunque no formal, se manifestó en apoyos mediáticos, estructuras territoriales y discursos públicos, lo que pone en duda la independencia de los nuevos integrantes del Poder Judicial.

Desde una perspectiva técnica, el proceso electoral judicial enfrenta varios desafíos. Primero, la ciudadanía no cuenta con herramientas suficientes para evaluar la idoneidad jurídica de los candidatos. Segundo, el formato electoral favorece perfiles con mayor visibilidad pública, no necesariamente con mayor preparación jurídica. Tercero, la fragmentación institucional derivada de la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal aún genera incertidumbre operativa.

El Instituto Nacional Electoral (INE), aunque logró organizar el proceso con eficiencia, no pudo evitar la infiltración de prácticas políticas tradicionales. La transparencia en el cómputo fue destacable, pero no compensa los vacíos en la formación cívica y jurídica del electorado. En este sentido, la reforma judicial corre el riesgo de convertirse en una simulación democrática, donde el voto popular no garantiza independencia ni profesionalismo.

Por lo tanto, la elección judicial de 2025 representa un experimento institucional audaz, pero sus resultados iniciales sugieren que la democratización del Poder Judicial no se logra únicamente con urnas. Se requiere una ciudadanía informada, mecanismos de control efectivos y una cultura jurídica sólida. De lo contrario, el Estado de Derecho podría verse comprometido por intereses políticos disfrazados de legitimidad electoral.