LA PRUEBA ELECTRÓNICA O DIGITAL EN EL PROCESO PENAL MEXICANO

En la última década, el desarrollo tecnológico ha transformado profundamente la manera en que las personas se comunican y, en consecuencia, la forma en que se generan y obtienen evidencias dentro del proceso penal. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis aislada I.2o.P.49 P (10a.), estableció un criterio relevante respecto al uso de pruebas electrónicas derivadas de comunicaciones privadas, particularmente aquellas obtenidas mediante redes sociales o servicios de mensajería sincrónica, como los chats.

Dicho criterio determina que las comunicaciones privadas obtenidas a través de redes sociales o servicios de mensajería sincrónica —tales como chats o aplicaciones digitales equivalentes— solo pueden considerarse evidencia válida cuando se acreditan dos condiciones esenciales:

1.        Obtención lícita de la información, y

2.        Acreditación de una cadena de custodia íntegra y continua.

El fundamento jurídico principal se encuentra en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que protege la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Dicha protección no se limita a llamadas telefónicas o mensajes tradicionales, sino que abarca todo tipo de comunicación generada a través de medios tecnológicos contemporáneos, desde correos electrónicos hasta las interacciones en redes sociales y chats instantáneos. Esto implica que cualquier intromisión, obtención o uso de estas comunicaciones debe realizarse siguiendo procedimientos legales estrictos y, en su caso, mediante autorización judicial.

El Tribunal destaca que, debido a la naturaleza dinámica y mutable de los archivos digitales, es indispensable asegurar su integridad mediante la cadena de custodia, con el fin de evitar alteraciones, manipulaciones o pérdidas de información. Solo así el juez puede tener certeza de que los datos presentados corresponden fielmente al contenido original.

En conclusión, esta tesis refuerza la importancia de adaptar el sistema de justicia penal a las nuevas realidades tecnológicas sin vulnerar los derechos fundamentales de las personas. La regulación de la prueba digital no solo busca garantizar procesos más eficaces, sino también equilibrar el acceso a la verdad con la protección de la privacidad y el debido proceso.